Convocan nuevas manifestaciones para el 28 de septiembre en Colombia

Los sindicatos y movimientos integrantes del Comité Nacional de Paro invitaron a la ciudadanía de Colombia a manifestarse a las calles el próximo 28 de septiembre, tras la aprobación casi sin discusiones de la reforma tributaria.

Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), aseguró que el Gobierno colombiano es “experto en el arte de la mentira”, pues el documento de la reforma presentada no fue consultado con el Comité Nacional de Paro ni con ninguna de las organizaciones que convocaron las protestas de finales de abril.

“Las recomendaciones de la comisión de expertos tributarios, comisión creada por el presidente Duque, no fueron tenidas en cuenta”, señaló Maltés, quien aseguró que esta cuestionó las exenciones tributarias a las empresas. “La reforma tributaria estimula la fuga de capitales”, agregó, opinando además que los auxilios a las cooperativas de trabajo asociado son incentivos perversos.

“Algún carácter progresivo que tenía la georreferenciación, que pretendía que se actualizara el pago del impuesto predial por medio de la actualización catastral, fue abolido”, añadió Maltés, en un reconocimiento peculiar a los esfuerzos del anterior proyecto de reforma propuesto por el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla.

Por otra parte, considera que hicieron falta las proposiciones sobre impuestos a bebidas azucaradas y a los plásticos de un solo uso. Además, piensa que el impuesto a las pequeñas, medianas y grandes empresas es dañino, al dejarlas en una misma posición.

Todo lo anterior, sumado al intento del gobierno por reducir el tamaño del Estado con la reforma tributaria, el Comité Nacional de Paro invitó a la ciudadanía a movilizarse el 28 de septiembre “por vida, paz, democracia, contra el nuevo paquetazo de Duque y la corrupción enquistada en el Estado”.

Por el contrario, los 61 artículos de la reforma tributaria no causaron molestia entre los grandes empresarios, a pesar de que son los que más deberán llevar la mano al bolsillo, junto con las micro, pequeñas y medianas empresas.

En el segundo caso, a pesar de que no lograron la aprobación de la tarifa diferencial en el impuesto de renta pedida por Acopi, gremio que las cobija, hay cierta resignación.

Rosmery Quintero, presidenta de Acopi, resaltó el componente social y el subsidio a la nómina que tiene la reforma, que significa un beneficio a las pequeñas empresas. Por lo tanto, las mipymes aceptaron que el tratamiento diferencial quede para una futura reforma, pues reconocen que los ajustes introducidos al impuesto simple serán de gran ayuda para el pequeño empresario.

“La tarifa diferencial que proponemos, consecuente con la realidad del país, queda para una futura reforma. La necesidad de recursos inmediatos para cubrir necesidades imprevistas que trajo la emergencia sanitaria era lo clave”, expresó en conversación con Semana.

Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, destacó el papel que jugó el empresariado al decidir aportar activa y significativamente a la sostenibilidad fiscal del país, pese al evidente reto que eso significa.

Aún así, Mac Master señaló que será “una reforma costosa y será difícil para las compañías, pero somos conscientes de que esta era la única alternativa que teníamos como país para estabilizar las finanzas públicas y las empresas asumimos esta responsabilidad”.