Venezolanos que participaron en Gedeón se declaran culpables en Colombia

Los desertores del cuerpo castrense Juvenal Sequea Torres y Juven José Sequea, y el civil RayderRuso, se declararon culpables de haber participado en una fallida invasión armada que el año pasado intentó derrocar al presidente Nicolás Maduro, según reseña AP.

En la audiencia del viernes ante un tribunal colombiano, los hombres reconocieron su responsabilidad junto a JordanGoudreau, un ex boina verde de los Estados Unidos y veterano de la guerra de Irak, en la conformación de una célula militar de solo algunas decenas de militares desertores venezolanos que intentaban derrocar el gobierno socialista de su país. Entre sus objetivos se incluían asaltar instalaciones militares y el palacio presidencial.

Los tres aceptaron cargos menores como brindar asesoría y apoyo logístico a grupos armados ilegales.

En la llamada Operación Gedeón seis rebeldes murieron y dos estadounidenses -excompañeros de Goudreau en las Fuerzas Especiales- se encuentran presos en Caracas. El complot nunca tuvo posibilidades de éxito contra las leales y fuertemente armadas fuerzas militares de Maduro que, además, habían logrado infiltrar la operación meses antes.

Juvenal Sequea y el capitán JuvenSequea, ambos acusados en Colombia, son los hermanos mayores del capitán de la Guardia Nacional Bolivariana Antonio Sequea, quien confesó ser el comandante de la fallida incursión armada del 3 de mayo de 2020 y ahora está preso en Caracas.

El único delito por el que se declararon culpables puede darles entre 6 y 10 años de cárcel. Sin embargo, según la ley colombiana, podrían quedar en libertad condicional o detención domiciliaria si reciben una sentencia de menos de ocho años, lo que significa que podrían quedar en libertad a cambio de cooperar con la justicia. Hace seis meses, cuando fueron capturados en Colombia, los tres implicados fueron acusados de dar entrenamiento militar a grupos armados ilegales, un delito más grave que puede dar hasta 30 años de prisión.

Yacsy Álvarez, la cuarta acusada dentro de la investigación colombiana, se ha declarado inocente en repetidas ocasiones y acusó a las autoridades colombianas de haber estado en constante contacto con Cliver Alcalá, el general retirado del ejército que dirigía la operación. Álvarez es llamada a responder por el delito de tráfico de armas, por presuntamente ayudar a proveer armas de contrabando para los exmilitares disidentes.

Álvarez fue la traductora de Goudreau, quien no hablaba español, durante sus visitas a Colombia. Los dos abrieron una filial de la empresa de seguridad de Goudreau, Silvercorp (con casa matriz en Florida), a mediados de 2019. La empresa registró su dirección en la ubicación de un hotel de lujo en Barranquilla, según los archivos públicos colombianos.

Según el acuerdo de culpabilidad leído por los fiscales en la corte, la investigación colombiana inició tras el decomiso, el 23 de marzo de 2020, de un arsenal de 26 fusíles de asalto y equipo táctico que, después se supo, fue enviado por Álvarez y tenía como destino a los rebeldes en la península de La Guajira, que Colombia comparte con Venezuela.

Horas antes de entregarse el 26 de marzo para enfrentar cargos por narcotráfico en Estados Unidos, Alcalá, quien coordinaba la operación clandestina, aceptó ser el responsable de las armas.

Alcalá, quien ahora está a la espera de juicio en Nueva York, arremetió contra el líder opositor Juan Guaidó, a quien acusó de traicionar un contrato que había firmado con “asesores estadounidenses” para derrocar a Maduro.

Estados Unidos ha negado cualquier participación directa en la fallida incursión armada al mismo tiempo que la oposición de Venezuela se ha alejado de Goudreau, pese a haber firmado previamente un acuerdo para realizar una operación que buscaba capturar a Maduro y arrebatarle el poder.

Excepto de un pago a de 50.000 dólares por gastos, Silvercorp nunca cobró el acuerdo firmado con los aliados de Guaido. Durante la redada, Goudreau, también admitió seguir adelante con la invasión sin el apoyo de Guaidó, aunque sí demandó a uno de sus ayudantes, el analista político J.J. Rendon, el año pasado, por incumplimiento de contrato.