La reelección de Ortega carece de legitimidad para la UE
08
Nov
La Unión Europea (UE) considera que la reelección de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua, con el 74,99 % de los votos, carece de «legitimidad» al celebrarse los comicios generales de este domingo «sin garantías democráticas» y completan la conversión del país en un «régimen autocrático».
En una declaración por escrito en nombre de los Veintisiete, el alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, hizo un llamamiento a Ortega para que libere de forma «inmediata e incondicional» a todos los presos políticos y anule los procedimientos judiciales en su contra, «devuelva la soberanía de Nicaragua al pueblo nicaragüense», y no descartó adoptar restricciones que «puedan ir más allá» de las individuales.
Pese a que la UE «ha evitado cuidadosamente cualquier medida que pudiera potencialmente agravar las penurias del pueblo nicaragüense y se ha dirigido sistemáticamente solo a los responsables de los desarrollos antidemocráticos», considera en este momento «todos los instrumentos» a su «disposición para tomar medidas adicionales, incluidas aquellas que puedan ir más allá de las restricciones individuales», precisó.
La integridad del proceso electoral fue «aplastada» por «el encarcelamiento sistemático, el hostigamiento y la intimidación de precandidatos presidenciales, líderes de oposición, líderes estudiantiles y rurales, periodistas, defensores de derechos humanos y representantes empresariales», denunció Borrell.
Para los Veintisiete, el Gobierno de Nicaragua no solo ha privado al pueblo de Nicaragua del derecho civil y político al voto en unas elecciones «creíbles, inclusivas, justas y transparentes», sino que también ha incumplido sus propios compromisos en materia de derechos humanos y libertades fundamentales en virtud de la Constitución de Nicaragua, la Carta Democrática Interamericana y pactos internacionales de los que el país es parte.
Además, añadió Borrell en su declaración en nombre de la UE, el pueblo nicaragüense ha sido privado de su libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.
Las voces disidentes son «silenciadas», decenas de organizaciones de la sociedad civil han sido «ilegalizadas» y la represión estatal es «implacable», remarcó.