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21 años de prisión por asesinato de Miguel Uribe Turbay
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El asesinato de Miguel Uribe Turbay estremeció a Colombia. Esta semana, un juez condenó a Carlos Mora, ciudadano venezolano, a 21 años de prisión efectiva. La Fiscalía reveló que Mora condujo el vehículo usado para reconocer el lugar del ataque y transportar a los implicados que entregaron el arma al menor.
Según el expediente, Mora recibió cinco millones de pesos por participar en el asesinato de Miguel Uribe Turbay, aspirante presidencial y senador colombiano. Entre enero y junio, Mora integró una red criminal dedicada al narcomenudeo y homicidios selectivos, según pruebas presentadas durante el proceso judicial.
El acusado operaba como conductor de plataformas digitales, pero en realidad movilizaba armas y drogas por distintas zonas de Bogotá, según la Fiscalía.
En total, siete personas quedaron detenidas por el asesinato de Miguel Uribe Turbay, incluyendo al menor que ejecutó el disparo mortal en junio pasado. La condena de Mora marca un avance judicial importante, aunque familiares del senador insisten en que aún falta esclarecer quién ordenó el crimen.
La condena por el asesinato de Miguel Uribe Turbay revela fallas profundas en seguridad política y redes criminales
El caso ha generado preocupación nacional, especialmente por el uso de menores en estructuras criminales que operan con impunidad en zonas urbanas.
Además, el asesinato de Miguel Uribe Turbay reavivó el debate sobre seguridad política y protección de líderes en campaña electoral. Organizaciones civiles exigen mayor control sobre plataformas de transporte, que podrían utilizarlas como fachada para actividades ilícitas.
El juez consideró agravantes como la premeditación y el vínculo con redes delictivas, lo que justificó la pena de 21 años sin beneficios. La Fiscalía continúa investigando posibles nexos entre los autores materiales y grupos armados que operan en la capital colombiana.
El crimen de Miguel Uribe Turbay no solo dejó una familia devastada, también expuso fallas graves en inteligencia y prevención estatal. La sociedad colombiana exige justicia completa. No basta con condenas individuales: se necesita desmantelar las estructuras que promueven el crimen político.