LEY CONTRA EL ODIO Y LEY DE AMNISTÍA Análisis jurídico sobre su relación y conflicto

En el orden jurídico moderno la Ley de Amnistía y las leyes penales que sancionan determinadas conductas, como la denominada Ley contra el Odio, responden a finalidades distintas. Sin embargo, cuando se intenta utilizar una norma penal para impedir la aplicación de una amnistía surge un conflicto jurídico de enorme relevancia constitucional.

La amnistía es una institución jurídica clásica del derecho público. Consiste en una decisión política del poder legislativo mediante la cual el Estado decide extinguir la responsabilidad penal de determinadas conductas por razones de reconciliación nacional, pacificación política o superación de conflictos internos. La amnistía borra el delito mismo y elimina las consecuencias penales derivadas de los hechos amnistiados.

Por su naturaleza, la amnistía tiene efectos amplios: extingue procesos penales, elimina condenas y restituye derechos políticos. En la tradición jurídica latinoamericana ha sido utilizada en numerosas ocasiones para cerrar ciclos de confrontación política.

Por el contrario, la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia es una norma de carácter penal cuyo objetivo declarado es sancionar expresiones o conductas que promuevan discriminación, violencia o intolerancia.

Esta ley establece sanciones penales severas para quienes, según la norma, incurran en actos considerados como incitación al odio.

Desde el punto de vista jurídico, la aplicación de una ley penal posterior no puede neutralizar una amnistía válidamente aprobada por el órgano legislativo competente. Ello se debe a que la amnistía produce un efecto jurídico superior: elimina la tipicidad penal del hecho, es decir, borra el delito mismo para los casos comprendidos dentro de la ley.

En consecuencia, cuando se invoca una ley penal para impedir la aplicación de una amnistía se produce una contradicción jurídica que afecta principios fundamentales del derecho público.

Entre esos principios destacan:

* el principio de legalidad
* la jerarquía normativa
* la seguridad jurídica
* el principio de favorabilidad penal.

Si un hecho ha sido objeto de amnistía, el Estado renuncia a perseguirlo penalmente. Intentar reactivar la persecución penal mediante otra ley significaría desconocer el efecto jurídico de la amnistía.

Desde la perspectiva constitucional, la amnistía forma parte de las competencias del poder legislativo y constituye una herramienta histórica utilizada para restablecer la paz política y garantizar la reconciliación nacional.

Por esa razón, la doctrina jurídica ha sostenido que las leyes penales no pueden utilizarse para anular los efectos de una amnistía, ya que la finalidad de esta institución es precisamente cerrar conflictos políticos y evitar que el derecho penal continúe siendo utilizado como instrumento de confrontación.

En consecuencia, la utilización de la llamada Ley contra el Odio para impedir la aplicación de una ley de amnistía genera un problema serio de constitucionalidad y de coherencia del sistema jurídico.

El sentido jurídico de la amnistía es poner fin al conflicto. El sentido de la ley penal es sancionar conductas. Cuando ambas normas se enfrentan, corresponde a los principios constitucionales y al respeto del Estado de Derecho determinar cuál debe prevalecer.

Luis López Marcano