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Senado de Colombia da primer paso para prohibir cirugías de reasignación de sexo en menores de edad

La Comisión Séptima del Senado de la República de Colombia aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 211 de 2026, denominado «Ley Laura: niños, no experimento», iniciativa legislativa orientada a prohibir los procedimientos médicos de afirmación de género en personas menores de 18 años en todo el territorio nacional. El articulado contempla la restricción explícita de tres tipos de intervenciones clínicas: el suministro de medicamentos bloqueadores de la pubertad, la administración de tratamientos hormonales cruzados y las cirugías destinadas a modificar las características sexuales de niños y adolescentes.

Con esta votación, la propuesta superó su primera instancia en el Congreso y quedó habilitada para continuar su trámite legislativo hacia la plenaria del Senado, donde deberá surtir su segundo debate. Durante la discusión, el senador Andrés Eduardo Forero Molina, integrante del partido Centro Democrático, defendió la aplicación del principio de precaución médica durante las etapas de desarrollo físico y psicológico, argumentando que persisten interrogantes científicos sobre los efectos clínicos a largo plazo de estas intervenciones en menores de edad.

Alcance del articulado, sanciones médicas y origen de la iniciativa

El texto aprobado establece un régimen sancionatorio para los profesionales de la salud que ordenen, practiquen o faciliten cualquiera de los procedimientos prohibidos, tipificando dichas conductas como faltas graves contra la ética médica. No obstante, el documento exceptúa de la prohibición aquellos tratamientos médicos dirigidos a pacientes con condiciones congénitas, pubertad precoz o alteraciones cromosómicas que incidan directamente en su desarrollo sexual, al tiempo que garantiza el acceso de niños, niñas y adolescentes a servicios de acompañamiento psicológico y psicosocial.

La denominación del proyecto responde al testimonio de Laura, una joven colombiana que expuso públicamente las secuelas físicas y emocionales que aseguró haber experimentado tras someterse a terapias de reasignación de género antes de alcanzar la mayoría de edad. Su caso impulsó la radicación de la iniciativa en agosto de 2026 con el respaldo de congresistas de diversas bancadas y el acompañamiento del Ejecutivo colombiano.