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Presidenta Delcy Rodríguez destina el 99 % de la inversión de los fondos soberanos a salarios y pensiones
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La transparencia en el manejo de los recursos públicos y la protección del ingreso de nuestros trabajadores y pensionados son compromisos que respaldamos con hechos», escribió la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, en sus redes sociales.
El Ejecutivo Nacional informó que entre enero y noviembre de 2026, de cada 100 dólares ingresados por concepto de petróleo y minería, 99 dólares se destinaron directamente al pago del ingreso de los trabajadores del sector público y a las pensiones.
De acuerdo con el balance difundido a través del canal oficial de Telegram de la Presidencia, durante este período los ingresos totales sumaron 15.603 millones de dólares, mientras que los egresos alcanzaron los 14.860 millones de dólares.
De ese monto ejecutado, 14.710 millones de dólares fueron asignados a la remuneración de trabajadores y pensionados, frente a 150,500 millones de dólares destinados al funcionamiento operativo del Gobierno.
Estas cifras se encuentran disponibles para el monitoreo ciudadano en el portal web transparenciasoberana.gob.ve, una plataforma digital de acceso público que detalla la relación de ingresos y egresos de la nación durante los primeros once meses del año.
El lanzamiento de esta herramienta da cumplimiento al compromiso asumido el pasado 17 de enero de 2026, cuando se anunció su creación para garantizar la contraloría social sobre el uso de los recursos públicos.
Recuperación del ingreso
Según destaca la comunicación oficial, la distribución presupuestaria responde a una política social centrada en la recuperación del ingreso de la fuerza laboral y el fortalecimiento del nivel de vida de la población venezolana.
La implementación de plataformas digitales de rendición de cuentas forma parte de las estrategias de gestión pública orientadas a visibilizar el destino de las divisas provenientes de las industrias extractivas del país.
En el contexto de la recuperación económica, la asignación prioritaria de la renta petrolera y minera hacia el gasto social y salarial busca sostener el poder adquisitivo del sector laboral y pensionado frente al impacto de las fluctuaciones financieras.